El exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, se presentó este martes ante la Policía Nacional para cumplir la condena de 10 años de prisión impuesta por un caso de corrupción relacionado con el desvío de fondos públicos durante la pandemia de covid-19. La entrega fue confirmada por el comisario Ramón Cañete, jefe del Departamento Judicial de la Policía Nacional.
La presentación ocurrió un día después de que el juez de Ejecución Penal Carlos Luis Mendoza Peña ordenara su captura para hacer efectiva la sentencia firme en su contra. González fue condenado por un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación de Central mediante un esquema que involucró supuestas “obras fantasmas”, además de la utilización de facturas falsas y clonadas.
El exgobernador permanecerá inicialmente recluido en dependencias policiales mientras se define su traslado a un establecimiento penitenciario. Según informó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, el destino final será determinado por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, teniendo en cuenta factores como la gravedad del delito, la situación del interno y la cercanía con su entorno familiar. Entre las opciones analizadas se encuentran la Unidad Industrial La Esperanza, ubicada en el antiguo predio de Tacumbú, y la penitenciaría Martín Mendoza.
Al contar con una condena firme, González Alegre no podrá acceder a medidas alternativas a la prisión y deberá cumplir los años restantes de la pena, luego de haber descontado previamente seis meses de prisión preventiva durante el proceso judicial.
La causa se originó por el manejo de fondos de emergencia transferidos por el Gobierno en 2020 para enfrentar los efectos de la pandemia. En enero de 2025, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos determinó la responsabilidad del exgobernador por lesión de confianza grave y uso de documentos falsificados.
En el mismo proceso también fue condenado Miguel Ángel Robles Ibarra, exasesor y exdirector de Gabinete de la Gobernación de Central, señalado como uno de los principales responsables del esquema, quien recibió una pena de 10 años de prisión. Otros exfuncionarios de la institución recibieron condenas de dos años con suspensión de la pena.
La orden de captura también alcanza a los demás condenados en la causa, aunque hasta el momento no todos se presentaron ante las autoridades. La Justicia continúa con los procedimientos correspondientes para hacer cumplir las sentencias dictadas en el expediente.
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